Neutralidad en Internet y censura 2.0

Internet y las redes sociales constituyen el presente y el futuro de la comunicación de la humanidad

Por Fernando Tomeo  | Para LA NACION

La libertad de expresión es un derecho fundamental, inalienable, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional cuando expresa que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa.

La libertad de expresión permite exteriorizar el pensamiento humano aunque, como todo derecho, debe ejercerse en forma razonable, regular y no abusiva ya que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos.

Cualquier persona puede decir lo que quiera y opinar en cualquier sentido. El único límite es la responsabilidad ulterior por las consecuencias de lo dicho.

Este criterio ha sido consagrado por nuestra Corte Suprema de Justicia en innumerables precedentes judiciales al sostener que la libertad de expresión es un derecho que es absoluto tan solo desde la perspectiva de que no puede someterse a censura previa, pero su ejercicio puede generar responsabilidad en caso de abuso, es decir, aquel reconocimiento no implica impunidad frente a la responsabilidad por los daños provocados en su ejercicio.

El derecho de publicar libremente las ideas hace a la esencia de la República y su afectación o sorteo a través de cualquier mecanismo atenta contra las instituciones y el necesario equilibrio de poderes que debe existir en un sistema democrático de gobierno.

Este derecho debe ser incondicionalmente respetado tanto en la vida "off line" como en el universo virtual, garantizándose, en este último caso, una debida "neutralidad en Internet".

El principio de neutralidad propone dar a todos los datos que circulan por la Red un tratamiento igual, independientemente de su contenido u origen, garantizando a los usuarios el ejercicio de su derecho de libre acceso a la información y a los diversos servicios que ofrece la industria de la web y de las telecomunicaciones.

La neutralidad permite evitar que se distorsionen las condiciones de acceso a la información, asegura que los usuarios puedan acceder de igual manera a cualquier contenido desde cualquier dispositivo sin privilegiar a un tipo de dato sobre otro y garantiza que todos los sitios tienen los mismos derechos y merecen acceder al mismo ancho de banda.

Pero, asimismo, este principio asegura que ningún gobierno, en forma directa o indirecta, pueda bloquear o demorar el tráfico de información en la web: neutralidad supone ausencia de control.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de las Comunicaciones ha establecido una serie de principios fundamentales en los que se basa la neutralidad de la Red, consagrando una verdadera reglamentación en la materia. En Europa, a nivel comunidad, la Comisión Europea publicó el 19 de abril de 2011 una Comunicación sobre la neutralidad de la Red y el estado de Internet abierto en Europa (COM(2011) 222 final) que incluye criterios razonables para la gestión de tráfico. Por su parte, el Parlamento de Holanda ha votado recientemente una ley sobre neutralidad.

A nivel regional el país pionero en la materia es la República de Chile con una novedosa legislación dictada en 2011, aunque también la provincia de San Luis ha sancionado a fines de agosto del mismo año, la primera ley sobre neutralidad en nuestro país.

A nivel nacional, en la Argentina, la senadora por la provincia de Chubut Graciela Agustina Di Perna presentó un proyecto de ley sobre esta temática el 28 de junio de 2011 (expediente 1491/2011). El proyecto no ha sido tratado.

El principio de neutralidad que comentamos adquiere particular relevancia en un momento en que las redes sociales se han consagrado como el medio digital elegido por los ciudadanos para convocar a manifestaciones populares tales como el cacerolazo que tuvo lugar hace días atrás en Buenos Aires. Twitter y Facebook fueron las estrellas de la convocatoria popular con efecto viral y prometen nuevo protagonismo imitando lo sucedido en Venezuela, Egipto y Europa.

No hay duda de que Internet y las redes sociales en particular constituyen el presente y el futuro de la comunicación de la humanidad. Frente a esta realidad, el principal protagonista del mágico negocio de la web es la información que reconoce dos peligros concretos: la vulnerabilidad de los datos personales y la presión de los gobiernos por controlar el flujo libre de información en la Red.

Esperemos que las cuantiosas ganancias que arroja el negocio del tráfico de información y los intereses políticos en juego no opaquen derechos que son reconocidos desde antaño por todas las legislaciones civilizadas del mundo, como el mismísimo derecho a expresar libremente las ideas sin censura previa.