La guerra civil española y sus consecuencias ha ocupado muchas páginas, las más de las veces apasionadas y partidistas, poco preocupadas por el acopio de un buen sustrato documental que objetivase sus contenidos. Entre otras cosas, porque hasta que han transcurrido cincuenta años desde la contienda no se han podido divulgar muchos de los documentos de aquella época para preservar la intimidad de las personas a las que hacían referencia (artículo 57.1 c, de la ley de Patrimonio Histórico).
Habiendo transcurrido el tiempo oportuno, sale ahora a la luz esta minuciosa obra del profesor Miguel A. Chamocho Cantudo, titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Jaén, en la que, bajo el acertado título de La Justicia del Pueblo, se hace una precisa radiografía del funcionamiento de los tribunales populares en la ciudad de Jaén durante la guerra civil española.
La obra es mucho más ambiciosa, porque Miguel Ángel Chamocho no sólo se adentra en el funcionamiento interno de estos especiales tribunales de justicia, sino que, con el buen hacer que le caracteriza, entreteje a su alrededor una completa panorámica de la situación jurídico-política de la época, del concepto de los delitos políticos a los que tales tribunales atendían, y de la práctica efectiva que crearon en la ciudad de Jaén. Al rigor de la investigación, basada fundamentalmente en los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Jaén, pero también en la documentación encontrada en el Archivo Histórico Nacional y en una labor de hemeroteca nada desdeñable (estudiando las noticias publicadas en los diarios de la época Democracia, La Mañana, El Eco de Jaén, Renovación o Venceremos), se añade además un tratamiento respetuoso y transparente de un tema que todavía es capaz de herir susceptibilidades, ofreciéndonos como resultado un libro sólido, equilibrado y muy veraz.
Metodológicamente, el contenido de la obra está dividido en una introducción y cuatro capítulos. Sigue una estructura clásica, separando en el capítulo inicial el estudio de la situación político-jurídica, en el capítulo segundo la creación y el funcionamiento institucional de los tribunales populares, en el tercero las competencias que asumieron, y en el cuarto la práctica judicial que generaron. Finalmente, una precisa conclusión resume todo lo que antes se ha podido inferir del texto, y un riquísimo apéndice documental nos presenta de forma ordenada los datos más importantes que se han narrado.
El capítulo primero lleva por título "Jaén, leal a la república". En él se describe la situación previa al estallido de la guerra civil que se vivía en la ciudad de Jaén, y se justifica la creación de los tribunales populares por el régimen republicano en la feroz persecución que se produjo en ella, durante los primeros momentos de la contienda, contra los que ideológicamente apoyaban la sublevación militar.
En el capítulo segundo, titulado "La organización judicial de los tribunales populares. Régimen jurídico", Chamocho Cantudo se adentra propiamente en el estudio de estos tribunales, estableciendo cinco etapas en su evolución: una etapa inicial en la que, con bastante improvisación, se pretende solucionar con ellos las situaciones de persecución y ajustes de cuentas personales en la ciudad; una segunda fase de definición y fijación de sus competencias; una fase de consolidación en la que los tribunales populares se integran dentro de la justicia ordinaria, desapareciendo su carácter transitorio y excepcional; y una última fase, a la que da comienzo el Decreto de siete de mayo de 1937, en la que finalmente se logró "un régimen coherente, completo, sistematizado, de todos los tribunales populares".
Por lo que respecta al contenido concreto de este capítulo, por un lado se ofrece una pormenorizada información sobre las teorías y razones de los Ministros de Justicia republicanos que dieron en crear los tribunales populares, a pesar de los problemas de competencia que éstos tuvieron que solucionar con los tribunales militares, y con otros tribunales que existieron junto a ellos en tiempos de guerra, como los llamados tribunales de urgencia, que perseguían a los desafectos que no habían cometido delitos, los de guardia, y el encargado de determinar la responsabilidad civil dimanante de los delitos de rebelión y sedición.
Por otro lado, también se relata en esta parte de la obra la creación, organización y régimen jurídico de la nueva institución judicial a partir de la existencia de los juzgados de instrucción. Conocemos así que los tribunales populares estaban compuestos por tres jueces nombrados por el Ministerio y catorce jurados designados por partidos políticos y sindicatos, que luego se reducirían a ocho, formando lo que se llama un jurado puro.
El tercer capítulo se titula "La competencia objetiva de los tribunales populares, Los delitos de rebelión y sedición: naturaleza jurídica". Como en él se expresa, trata de los delitos concretos de los que estos tribunales conocieron desde su inicio, los delitos de rebelión, sedición y aquellos contra la seguridad del Estado, haciéndose un análisis muy completo de cada uno de ellos desde la perspectiva del Código Penal de 1932. También se estudia, más adelante, la ampliación de competencias que sufrieron los tribunales populares en virtud del decreto dictado en 1937, que los autorizó para conocer también de delitos comunes y de aquellos delitos no militares que, estando incluidos en el código militar, fuesen cometidos por civiles.
Finalmente, el capítulo cuarto, "Derecho aplicable y práctica judicial de los tribunales populares de Jaén", comienza planteando el problema del uso de la legislación militar por estos tribunales civiles que juzgaban, a su vez, a otros civiles. El estado de guerra se ofrece en la teoría como una respuesta, aunque el tema no deja de resultar de un enorme interés.
En cuanto a la práctica judicial, se describe el procedimiento, especialmente sumario, que se seguía ante los tribunales populares de Jaén, haciéndose una pormenorizada descripción de la documentación estudiada. Al contrario de lo que pudiera parecer, en un clima de tanta represión como el que se vivió durante la guerra, de ella se infiere que dichos tribunales no fueron revanchistas ni vengativos. De los 350 procesados, el 45% resultaron absueltos, de donde se colige que el sistema judicial propuesto otorgaba ciertas garantías a los acusados.
En suma, la obra se nos muestra como un estudio muy completo de una realidad hasta ahora poco conocida, ofreciéndonos con su documentación y su discurso una valiosísima descripción de la administración de justicia republicana en tiempos de guerra.